La organización expresó en su cuentz de X su “solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Chachibiro, San Rafael, Otavalo, por el cruel asesinato de nuestro hermano José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, padre y agricultor, asesinado de un disparo en el pecho por las Fuerzas Armadas”.

La Conaie señaló que Guamán había sido operado en un hospital de Ibarra, capital de Imbabura, “donde luchó por su vida tras un paro cardiorrespiratorio”, y luego fue traslado a Quito, donde falleció este miércoles.

En un parte, compartido en el chat de prensa de la Policía Nacional, se detalló que el joven habría sido víctima “del paso de un proyectil con similares características a un arma de fuego en la región pectoral”.

Más temprano el movimiento indígena lamentó también la muerte de una mujer kichwa de 61 años “a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados de forma indiscriminada por la Policía”.

Las dos víctimas mortales se suman al comunero kichwa Efraín Fuerez, que fue el primer fallecido desde que iniciaron las movilizaciones en el país tras el decreto que eliminó el subsidio al diésel.

Este martes, la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuatoriana, fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza, mientras videos compartidos en redes sociales permitieron constatar el impacto en la ciudadanía de los gases lacrimógenos y disparos.

El Gobierno de Daniel Noboa busca poner fin esta semana a las protestas iniciadas el 22 de septiembre contra medidas como el alza del diésel tras el fin del subsidio, una decisión que el Ejecutivo no está dispuesto a dar marcha atrás.

Con el objetivo de acabar con la actual ola de protestas, impulsadas por el movimiento indígena y cuyo epicentro ha sido Imbabura, la administración envió el lunes a ese territorio un convoy “humanitario” con alimentos, medicinas, gas de uso doméstico y miles de soldados.

Para la Conaie, la caravana del Gobierno actuó como una avanzada militar que desató la represión y por eso la organización exige justicia y rendición de cuentas ante organismos internacionales.

Ante la situación en Imbabura, tras más de 20 días de paro, el movimiento indígena anunció la creación de un convoy humanitario propio desde los pueblos y convocó una misión médica urgente para atender a los heridos.

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