La sanción, que llega tras una extensa auditoría sobre la polémica concesión de una licencia de 15 años a la Great Britain Basketball League, marca el punto más crítico en la historia reciente de este deporte en el Reino Unido.
FIBA cuestionó la legalidad del acuerdo, impulsado por el empresario estadounidense Marshall Glickman, y determinó que vulneraba sus estándares de transparencia y control institucional.
El golpe alcanza también al plano económico: los 4,75 millones de libras en fondos públicos asignados para los próximos cuatro años quedan ahora bajo revisión, y el futuro del baloncesto británico depende de la capacidad de su dirigencia para reconstruir la credibilidad perdida.
La decisión llega días después de la dimisión del presidente Chris Grant y de severas advertencias del gobierno británico por falta de rendición de cuentas. FIBA ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto con las autoridades locales para restaurar la gobernanza y garantizar el cumplimiento de los reglamentos internacionales.
Mientras tanto, la selección masculina ve suspendido su camino hacia los clasificatorios de la Copa del Mundo, y el baloncesto británico entra en un periodo de incertidumbre total, con la urgencia de reinventarse para no desaparecer de la escena internacional.
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