En una declaración difundida en redes sociales, el movimiento denunció “el despliegue del poder de las Fuerzas Armadas con armas sofisticadas y tácticas de guerra” para reprimir las manifestaciones, y lo comparó con la situación con las dictaduras sudamericanas.

El texto señala que las operaciones militares en zonas indígenas y rurales, bajo el pretexto de “convoyes humanitarios”, han derivado en violaciones de derechos humanos, con “personas asesinadas, desaparecidas, heridas, detenidas sin justificación y agresiones a periodistas”.

La Redh advirtió que la “militarización bajo el discurso de la lucha contra el crimen organizado” afecta a la población civil mientras “los negocios ilícitos crecen con impunidad”, y acusó al Ejecutivo de “criminalizar las demandas sociales y desviar la atención de la crisis económica y social”.

En su pronunciamiento, la entidad llamó al Gobierno de Noboa a cesar la represión y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades democráticas.

También instaron a los organismos internacionales a “utilizar todas sus capacidades para exigir al Ecuador el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos”, y exhortaron a los movimientos sociales y académicos de América Latina a mantenerse “vigilantes frente al autoritarismo”.

La declaración fue emitida este jueves, en medio de la ola de protestas contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa que llevan 25 días y mantienen al país andino en tensión política y social desde que el Ejecutivo decidió eliminar el subsidio al diésel.

Las movilizaciones iniciadas el pasado 22 de septiembre han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y también cientos de detenidos, así como denuncias de vulneraciones de derechos.

La administración de Noboa defiende el fin de la subvención al diésel con el argumento que es una medida necesaria para contrarrestar el contrabando de combustible hacia zonas fronterizas de Colombia y Perú, y asegura que los recursos se destinarán directamente a grupos necesitados.

El pueblo ecuatoriano se mantiene en resistencia para revertir el incremento de los costos de vida, en defensa del agua y contra la minería, (…) al tiempo que defiende la Constitución democrática de 2008 (…) frente a los intentos del gobierno de modificarla, apuntó la REDH.

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