Entregada por el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, la acción advierte sobre como el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aguijonea a una potencia extranjera a intervenir militarmente en aguas bajo jurisdicción brasileña.

Tal provocación representa una afrenta directa a la soberanía e integridad territorial de Brasil, principios fundamentales de la Constitución.

La denuncia enfatiza que las aguas territoriales brasileñas, definidas por la ley número 8.617/1993 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, forman parte del territorio nacional y están bajo la plena autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas.

Al inducir a fuerzas extranjeras para que emprendan acciones militares en esta zona, Flávio Bolsonaro estimula una invasión de territorio brasileño, viola el deber constitucional de lealtad a la Patria y socava el papel de las Fuerzas Armadas, cuya misión exclusiva es defender la soberanía nacional.

Farias solicita la apertura de una investigación sobre los delitos de atentado contra la soberanía nacional (artículo 359-I del Código Penal) y la tentativa de delito castrense cometido por un civil.

Según el líder del PT, «se trata de un acto de provocación a la intervención extranjera en territorio brasileño, que amenaza la integridad del Estado y subvierte la autoridad de las instituciones militares nacionales, cuya función es proteger a Brasil”.

La acusación indica que, al instigar públicamente a fuerzas armadas extranjeras a realizar bombardeos en territorio nacional, el senador atenta contra la seguridad exterior y la integridad territorial del país.

De otro lado, remarca la imputación, que la intención del descendiente de Bolsonaro se caracteriza, en teoría, por provocar un ataque extranjero y ser consciente de que propone una violación de la soberanía nacional.

Lo anterior con la intención de obligar al Estado brasileño a aceptar una injerencia externa con el pretexto de combatir la delincuencia, lo cual podría dar lugar a una posible conformidad penal.

En tiempos de paz, la integridad territorial y la soberanía constituyen bienes jurídicos de máxima protección, comparables a la propia existencia del Estado.

«Por lo tanto, la incitación pública a un acto de guerra extranjero constituye uno de los delitos más graves en el derecho penal militar, con penas equivalentes a las de los crímenes de guerra y la traición a la patria», acentúa la denuncia.

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