Un comunicado del Ministerio para Relaciones Exteriores consideró esas acciones de “ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial” que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Indicó que las denominadas medidas coercitivas unilaterales son mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral, condenadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, por atentar contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos.

El texto oficial subrayó que estas acciones “buscan criminalizar al presidente Petro y promover la desestabilización interna en Colombia” como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región.

La nota remarcó que el gobernante neogranadino “es el único mandatario colombiano que enfrentó de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas, incluidas estructuras con conexiones en centros de poder en Estados Unidos, que evidencia el carácter retaliatorio y extorsivo de estas medidas.

“Estas designaciones parecen responder a los intereses de mafias transnacionales infiltradas en espacios de poder en Washington, antes que a una verdadera lucha contra las economías ilícitas”, expresó la Cancillería.

Venezuela, afirmó el comunicado, exige el cese inmediato de estas prácticas coercitivas contrarias al Derecho Internacional y convoca a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia.

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