La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, señaló que no podrán ejercer el sufragio alrededor de 10 mil ecuatorianos residentes en Venezuela, Nicaragua y Cuba, países con los cuales Quito no tiene relaciones diplomáticas o no existen condiciones técnicas para la votación.

En un encuentro con la prensa este viernes, las autoridades del CNE y la cancillería expusieron detalles sobre el proceso consultivo fuera de las fronteras ecuatorianas.

El viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, indicó que habrá una Sala de Monitoreo en Quito para coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de los recintos electorales en el exterior, garantizando un proceso democrático en 40 países y 661 juntas receptoras del voto.

Atamaint informó que ya inició la distribución del material electoral hacia las zonas del exterior, bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad.

En relación con la campaña electoral, que iniciará oficialmente este sábado 1 de noviembre, precisó que 11 movimientos políticos y cinco organizaciones sociales podrán realizar actos de propaganda a favor o en contra de las cuatro preguntas que estarán en la papeleta.

Ante las dudas suscitadas tras el proceso electoral anterior, cuando la Revolución Ciudadana (RC) denunció que hubo fraude y se refirió a la transferencia de tinta en las boletas, Atamaint afirmó que “los procesos electorales en Ecuador son transparentes”.

“No hay nada mágico, todo es técnico y en este país no se esconden actas, no se esconden papeletas, porque todo es público”, manifestó la funcionaria.

La víspera el delegado de la RC, Francisco Estarellas, pidió que el Instituto Geográfico Militar, entidad encargada de imprimir la documentación, certifique que no existen sustancias químicas en las papeletas.

Dentro de menos de tres semanas, los ecuatorianos están llamados a las urnas para responder a cuatro iniciativas del presidente, Daniel Noboa, entre ellas la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Además, los ciudadanos deberán decidir si desean permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de legisladores y eliminar el financiamiento público a organizaciones políticas.

En una entrevista reciente, Noboa se mostró confiado con que la ciudadanía respalde en las urnas sus iniciativas, mientras organizaciones sociales denuncian que de ganar el Sí se ponen en riesgo la soberanía nacional y los derechos conquistados sin que se resuelvan los problemas del país.

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