Las organizaciones políticas realizaron cambios en sus candidatos para los distintos cargos locales en disputa en los comicios del 29 de noviembre, cuyo calendario avanza bajo cuestionamientos a la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por sectores opositores de actuar en sintonía con el Gobierno.

Cuando faltan pocos días para el fin de la fase de inscripción formal, se supo que Fiorella Ycaza, esposa del detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se postulará para ese mismo puesto en representación del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

Paralelamente, los representantes de la Revolución Ciudadana (RC) -principal fuerza política del país suspendida del tablero electoral- han encontrado organizaciones aliadas que auspicien sus postulaciones, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González, que buscará la prefectura de Manabí e irá por Pachakutik.

Por otro lado, los promotores de la iniciativa popular para la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa anunciaron acciones para recurrir las decisiones legales que impiden avanzar con ese mecanismo constitucional.

Este jueves acudieron a las afueras del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a reclamar la entrega de los formularios requeridos para la recolección de firmas, paso imprescindible del proceso que podría adelantar la salida del presidente Daniel Noboa del poder.

Uno de los que apoya el procedimiento es el dirigente indígena y campesino Guido Perugachi, a quien la justicia le dictó orden de prisión preventiva como parte de una investigación por su participación en las protestas de 2025.

La decisión generó críticas de organizaciones sociales y sectores de oposición, que denunciaron una criminalización de la protesta social. Asimismo, señalaron que la decisión judicial pudiera estar relacionada con la participación de Perugachi, titular de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en iniciativas como la revocatoria presidencial.

A estas controversias se sumó una investigación de The Washington Post que planteó que tres pesqueros ecuatorianos fueron atacados este año cerca de las islas Galápagos presuntamente como parte de un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los casos corresponden al Fiorella, atacado en enero con ocho tripulantes que permanecen desaparecidos, y al Negra Francisca Duarte y Don Maca, cuyos tripulantes sobrevivieron y denunciaron acciones con drones y posterior traslado a El Salvador.

Hasta el momento, el Gobierno ecuatoriano no ha aclarado si conoció, autorizó o participó en las operaciones descritas.

Consultado sobre la publicación, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que primero debía determinarse a qué operaciones hacía referencia el reportaje, pero defendió las acciones coordinadas con países aliados contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

En materia de seguridad este viernes el presidente Noboa decretó una extensión por 30 días adicionales del estado de excepción vigente en 10 provincias y tres cantones del país.

Mientras tanto, los incendios forestales en al menos cinco provincias del país han consumido en Ecuador casi dos mil hectáreas, incluida una parte del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en la provincia de Imbabura .

mem/avr