sábado 15 de noviembre de 2025

Juzgan en Brasil a gobernador de Río por abuso de poder político

Brasilia, 4 nov (Prensa Latina) El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil juzgará hoy dos apelaciones que podrían conllevar a la destitución e inhabilitación del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y del presidente de la Asamblea Legislativa del estado, Rodrigo Bacellar.

Las apelaciones impugnan los fallos del Tribunal Electoral Regional de Río.

Tales resoluciones desestimaron la existencia de abuso de poder político y económico mediante la contratación de miles de personas para cargos públicos secretos, con fines electivos.

Los cargos secretos fueron revelados por los periodistas Ruben Berta e Igor Mello en el portal UOL, lo que dio lugar a la presentación de denuncias judiciales electorales que señalan un esquema que presuntamente ayudó a Castro a ganar las elecciones a gobernador de 2022.

Esas contrataciones se realizaron para el Centro Estadual de Estadística, Investigación y Capacitación de Funcionarios Públicos de Río y para la Universidad Estatal de la división territorial.

La presidenta del TSE, la ministra Cármen Lúcia Antunes, programó el juicio un día después de la megaoperación policial que dejó 121 muertos en Río.

Considerada un éxito por Castro, la maniobra fue la más sangrienta en la historia del estado.

Aún existen varias incógnitas respecto a la intervención policial en las favelas cariocas de Alemão y Penha, comenzando por la cifra real de fallecidos, pues 70 cuerpos fueron recuperados en una zona boscosa por los propios residentes al día siguiente.

Incluso, el gobernador culpó de la violencia al Argumento del Incumplimiento del Precepto Fundamental, conocido como ADPF da Favelas, en el que el Supremo Tribunal Federal aprobó un plan para reducir la letalidad policial en el estado, pero las cifras contradicen a Castro.

La acusación presentada ante el TSE contra Castro y Bacellar es que los cargos secretos vulneraron los principios de igualdad y equilibrio electoral.

Quienes fueron contratados recibirían sus salarios en efectivo, para eludir la supervisión, y habrían sido elegidos sin criterios específicos y con una acumulación indebida de cargos.

En mayo de 2024, el Tribunal Regional de Justicia consideró, por mayoría, que los actos podrían constituir, en teoría, una falta administrativa, pero dictaminó que el esquema no influyó en el resultado electoral.

Trascendió que, en el TSE, la ponente es la ministra Isabel Gallotti.

Su primer mandato de dos años finaliza el día 21 y podría dejar el tribunal, razón por la cual, en las últimas semanas, ha publicado los casos que considera prioritarios.

npg/ocs

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