La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lamentó la norma aprobada por 28 integrantes de la Comisión Permanente del agónico Parlamento, que será renovado en las próximas semanas.

La norma incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal pero en realidad representa “un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Al restringir su aplicación en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, la norma vulnera las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y favorece la impunidad frente a crímenes que, por su naturaleza, son imprescriptibles”, señaló la CNDDHH, que agrupa a más de 80 organizaciones dedicadas al tema.

Añadió que el derecho internacional humanitario establece que “los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, así como de garantizar que ninguna medida interna obstaculice estos procesos”.

Exhortó al presidente José Balcázar a observar (negarse a validarla con su firma) la ley y rechazar cualquier disposición que favorezca la impunidad.

El exprocurador César Azabache señaló que la nueva ley se suma a otras normas de impunidad como las que determinan la prescripción de crímenes de lesa humanidad, la amnistía a los autores de los mismos y la que dispone que los delitos comunes que cometan militares y policías durante sus operaciones sean juzgados por sus tribunales y no por los civiles.

“Ahora, una nueva definición del delito de lesa humanidad que eleva artificialmente el estándar probatorio hasta volver casi imposible una condena”, por lo cual es una regla diseñada para que, en adelante, solo puedan sancionarse hechos planificados, registrados, documentados y casi confesados, lo que vuelve impracticable a la justicia.

Para la ex primera ministra y senadora electa, Mirtha Vásquez, el fujimorismo próximo a asumir el gobierno, continuará atropellando los derechos humanos al promover y aprobar una ley sobre delitos de lesa humanidad que es una trampa para dejar impune este tipo de hechos graves e impedir que la justicia sea posible para las víctimas.

La senadora electa Ruth Luque señaló que es falso el argumento del titular del Parlamento, Fernando Rospoigliosi -del partido Fuerza Popular, de la presidenta electa Keiko Fujimori- de que la polémica ley se ajuste al Estatuto de la Corte Penal Internacional pues, por el contrario, hace imposible sancionar los crímines de Estado.

La ex ministra de Salud Marisol Pérez Tello, centro-derechista, opinó que “la ley es un agravio para las víctimas y sus familias, un retroceso en la búsqueda de la verdad y la justicia, y un golpe al Estado de derecho”.

El portal periodístico Ojo Público desmintió el argumento de Rospigliosi, de que crimen de lesa humanidad es una matanza masiva y no el asesinato de una persona, este crimen puede constituir un delito de esa gravedad, según el Estatuto de Roma y una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú de 2011

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