La instancia, liderada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz- criticada por varios colectivos- deberá revisar la escala salarial que regirá a partir de 2026, y para el consenso también contará con el criterio de empresarios.
A diferencia de otros años, en esta ocasión el sector trabajador llegará dividido: algunos gremios han anunciado que presentarán sus propias propuestas de aumento, mientras otros mantienen posiciones más cautelosas frente al panorama económico del país.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, advirtió que la discusión del nuevo salario mínimo se desarrollará en un contexto adverso para el movimiento sindical.
“Estamos enfrentando a un gobierno que persigue sindicatos; el propio presidente ha dicho que es un gobierno empresarial”, comentó el dirigente citado por el diario La Prensa.
Andrade subrayó que el actual salario mínimo “no llena las expectativas de los trabajadores” y que la revisión debe considerar el costo real de la vida.
“La canasta básica no puede medirse en 316 dólares, como se insiste, sino en los 430 dólares mensuales que calculó el Ministerio de Salud en 2023. A eso hay que sumar vivienda, transporte, energía eléctrica y medicamentos”, remarcó.
También recordó que, en la última revisión realizada en 2023, Conusi propuso un aumento del 30 por ciento para las grandes empresas y del 20 por ciento para las microempresas, aunque no prosperó.
El líder de Conusi precisó que una nueva propuesta debería superar ese 30 por ciento planteado hace dos años, considerando que el costo de la vida ha seguido en aumento.
En esta ocasión, Andrade estará acompañado por Ariel Muñoz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, y por Alexis Pineda, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), mientras que los economistas Maribel Gordón y Jaime González actuarán como asesores técnicos de la representación obrera en la mesa del salario mínimo.
Por su parte, Aniano Pinzón, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), una agrupación que de manera abrupta cambió la directiva, afirmó que la instalación de la mesa del salario mínimo genera “mucha expectativa” debido a la coyuntura económica y a la negociación con un nuevo Gobierno.
Explicó que, en esta ocasión, el movimiento sindical no acudirá unido, ya que “Conusi es una central más y Conato agrupa a varias centrales”, aunque ambos coinciden en la necesidad de un ajuste.
Pinzón añadió que Conato aspira a establecer un solo salario mínimo nacional —y no dos escalas como en el pasado—, recordando que en revisiones anteriores la organización ha planteado cifras que rondan los mil dólares mensuales.
Por su parte, Muñoz subrayó que el país enfrenta una tasa de desempleo de dos dígitos y una economía en crecimiento “que aún no se refleja en la calle”, por lo que pidió “prudencia y sensatez” en las discusiones.
Mientras el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, expresó que el sector privado espera que la próxima mesa de salario mínimo se desarrolle “con diálogo y participación”, alejada de las confrontaciones ideológicas.
Señaló que el debate debe centrarse en la realidad económica de cada sector y región del país, recordando que “Panamá crece en números, pero no en generación de empleos”.
A su juicio, la prioridad debe ser “prevalecer el criterio que permita crear más plazas laborales”, ya que —advirtió— “no todos los sectores pueden soportar un aumento en el salario mínimo”.
En la última negociación de 2023, la mesa del salario mínimo acordó un ajuste general que elevó el promedio nacional a 636.8 dólares mensuales.
El incremento se aplicó de forma diferenciada según el tamaño y la actividad económica de las empresas: 4.5 por ciento para las pequeñas, seis por ciento para las grandes y siete por ciento para las compañías del sector bananero, una de las principales fuentes de ocupación en las occidentales provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
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