La Seape envió una carta oficial al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), relator del caso penal que culminó con la condena de Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El veredicto estipula que la pena debe cumplirse inicialmente en régimen cerrado, dado que supera los ocho años.

Sin embargo, se desconoce si el STF ordenará que Bolsonaro cumpla su castigo en prisión. El exmilitar podría ser trasladado a una celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

La primera sala de la corte aún juzgará las apelaciones de la defensa del exmandatario y los otros siete condenados en el juicio del llamado primer núcleo del complot golpista.

También existe la posibilidad de que el juzgado reduzca las penas y permita que Bolsonaro permanezca bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud.

Varias veces el político ultraderechista ha sido hospitalizado desde la puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

En la misiva oficial enviada a De Moraes, el secretario de la Seape, Wenderson Souza e Teles, solicita que Bolsonaro «sea sometido a una evaluación médica por un equipo especializado, para valorar su estado clínico y su compatibilidad con la asistencia médica y nutricional».

Menciona las cirugías abdominales a las que se ha sometido. La más reciente, el 13 de abril, fue una compleja de 12 horas para tratar una obstrucción intestinal resultante de adherencias formadas tras múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque.

La primera sala del Supremo fijó el análisis de las reclamaciones por la condena del 7 al 14 de noviembre.

Programada por el presidente del panel, Flávio Dino, la sentencia se dictará en el pleno virtual del tribunal, en el que los magistrados solo ingresarán sus votos en el sistema.

El plazo para que las defensas presentaran apelaciones venció el 27 de octubre.

Los abogados de Bolsonaro presentaron solicitudes de aclaración contra la condena y solicitan que el ponente (De Moraes) aplique la tesis defendida por el magistrado Luiz Fux, de la «retirada voluntaria» durante el intento de golpe de Estado, alegando que el relator no analizó esta posibilidad.

Para la defensa, el excapitán del Ejército habría contado con todos los medios formales para realizar un complot golpista si realmente lo hubiera querido, pues habría tenido la prerrogativa de reemplazar a los comandantes de las Fuerzas Armadas para decretar estados de Defensa o de Sitio, por ejemplo.

De esta manera, Bolsonaro habría adoptado una postura de desaliento y retirada.

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