Mediante un comunicado, la articulación de organizaciones empresariales, sociales y académicas del país explicó que esos dos flagelos erosionan las instituciones y debilitan el Estado de derecho.

Calificó de fundamental frenar el flujo de recursos ilícitos para proteger la legalidad, la transparencia y la estabilidad nacional.

Actualizar la normativa vigente conforme a los estándares y recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica constituye una medida necesaria, consideró.

Ello, acotó, en el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en la prevención y combate del lavado de dinero, preservar la confianza en el sistema financiero y resguardar la credibilidad internacional de Guatemala.

La falta de adecuación a estos estándares incrementa riesgos para el país en materia financiera, comercial y de gobernanza, amplió el Foro.

Hace tres días el presidente Bernardo Arévalo recordó que a fines de julio de 2025 presentaron ante el Legislativo una invitación a decidir si perseguían la ruta del dinero sucio que solventa la corrupción y el narcotráfico o si dejaban las cosas como están.

El mandatario detalló que la decisión es la propuesta de la Ley Antilavado, una herramienta que calificó clave para combatir el crimen organizado y proteger a las familias guatemaltecas.

Diversos sectores de la ciudadanía manifestaron su apoyo y clamor por esta norma, añadió el jefe de Estado.

Nuestro Ejecutivo ya tomó su decisión, pero se sigue postergando su aprobación en el Parlamento, señaló Arévalo, quien consideró que los diputados que están trabajando por el país tienen la oportunidad de apoyar prontamente la propuesta.

Jefes de bloque del Parlamento afirmaron que accionan para llegar a consensos y que Ley Antilavado podría ser aprobada el próximo 2 de junio.

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