La sanción incluye prohibirle durante cinco años el desempeño de cualquier función pública, sea por elección popular o nombramiento, lo cual, de hecho, pone fin a su carrera en el Organismo Judicial.

El juicio político contra Ulloa ocurrió después de que la Corte Suprema decidió mantenerlo en el cargo debido a la falta de quórum en la reunión convocada el 30 de septiembre reciente.

Ante esta situación, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional ejerció una acusación constitucional y hoy los senadores decidieron darle curso.

El expediente contra Ulloa está basado en tres capítulos: filtrar información confidencial de causas y procesos internos, no inhabilitarse en juicios donde existían conflictos de interés e intervenir en nombramientos judiciales gestionando apoyos externos.

De acuerdo con el expediente, compartió información reservada con el abogado Luis Hermosilla, quien está señalado de corrupción, lavado de activos, cohecho y delitos fiscales, como parte del “caso audios”, donde están involucrados algunos empresarios.

Además, Ulloa no se inhabilitó en causas donde tenía evidentes conflictos de interés, incluidos litigios vinculados al expresidente Sebastián Piñera.

Influyó también en nombramientos judiciales para hacer avanzar a candidatos afines a él por medio de contactos en la Corte Suprema o el Senado.

De esta manera se suma a la antigua magistrada Ángela Vivanco, quien fue separada del cargo por causas similares, en medio de una crisis de credibilidad en el sistema judicial de Chile.

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