Este es un gesto de respeto al tribunal y una responsabilidad de Estado que abre el camino para la implementación de la sentencia, subrayó el Canciller chapín en un artículo publicado en el oficial Diario de CentroAmérica.

Significa trabajar con Belice para demarcar físicamente las fronteras que sean fijadas por la CIJ, al transformar un conflicto centenario en un futuro de buena vecindad, amplió.

El titular explicó primero que se encuentran en un momento definitorio de la trayectoria como nación, a las puertas de un proceso histórico, hito que marcará el destino de las relaciones bilaterales y la definición concluyente del mapa.

El diferendo es un legado de soberanía que hemos defendido con tenacidad a lo largo de distintos gobiernos, describió en el texto.

Afirmó que el compromiso es claro: buscar una solución definitiva, justa y pacífica.

Hemos optado por la vía judicial porque es la máxima expresión del compromiso con el derecho internacional y la paz, enfatizó Martínez. La CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ofrece el mecanismo más legítimo y vinculante para resolver disputas entre Estados, remarcó.

Al someter de común acuerdo el caso a ese órgano, demostramos madurez diplomática y una convicción profunda de que la justicia internacional debe prevalecer sobre cualquier otra forma de conflicto, aseveró el funcionario.

Consideró que el proceso avanzó sólidamente e informó que, tras años de preparación y la presentación rigurosa de argumentos escritos, se alistan (sin mencionar fecha) para la fase de las audiencias orales.

Esta es la oportunidad final para exponer ante los jueces, con solidez histórica y jurídica, la posición de Guatemala, acotó.

La sentencia de la CIJ, cuando se dicte, será obligatoria y definitiva, precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo trasmitió a fines de septiembre de 2024 en el marco de las Naciones Unidas su compromiso con resolver ante la CIJ, de manera permanente y definitiva, ese diferendo territorial, insular y marítimo.

Guatemala reconoció la independencia del Estado vecino en 1991, 10 años después de declarada, restableció ese año relaciones diplomáticas, pero nunca aceptó las fronteras, por lo cual insiste en el reclamo.

A principios del 2003, ambos gobiernos acordaron establecer y respetar una línea de adyacencia, mientras se definía el asunto territorial.

Llevaron el caso ante la CIJ tras sendos referendos: el primero en 2018 en suelo chapín y un año después le siguió Belice.

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