El Consejo de Ministros aprobó el 28 de octubre el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027, principal iniciativa económica del Gobierno, que contempla medidas fiscales, sociales y energéticas en un contexto de bajo crecimiento económico y persistentes dificultades para las familias.

Entre las disposiciones figura la ampliación del segundo tramo del impuesto sobre la renta, con una reducción del tipo impositivo del 35 al 33 por ciento para ingresos de hasta 55 mil euros anuales, que beneficiaría a unos 3,2 millones de contribuyentes.

El texto incluye además un fondo de ahorro previsional para los recién nacidos, con aportaciones estatales de 100 euros anuales hasta que cumplan 18 años, así como recursos para sanidad y ayudas a determinados sectores sociales.

La propuesta prevé también mayores contribuciones fiscales de bancos, aseguradoras y empresas energéticas, mientras mantiene medidas de apoyo a la contratación y a la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes.

El documento deberá iniciar ahora su tramitación parlamentaria, durante la cual se esperan modificaciones y un debate entre la mayoría gubernamental y las fuerzas opositoras.

En el terreno social, la jornada de ayer constituyó uno de los principales acontecimientos de los últimos siete días, con una huelga general convocada por la Unión Sindical de Base (USB) y movilizaciones de trabajadores, estudiantes, agricultores y organizaciones sociales en diferentes puntos del país.

Las protestas, realizadas en más de 60 ciudades, reclamaron aumentos salariales, medidas contra el encarecimiento de los alimentos, los alquileres y los servicios básicos, mayores recursos para la educación y la sanidad públicas, y rechazaron el incremento del gasto militar y la participación de infraestructuras portuarias en el tráfico de armas.

Según la USB, más de un millón de personas asistieron a las movilizaciones, mientras fuentes de seguridad situaron en unos 255 mil los participantes en los distintos cortejos, según informaciones difundidas por medios italianos.

Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrió de manera pacífica, se registraron enfrentamientos en Roma, Turín y Vicenza, con intervención policial, empleo de cañones de agua y detenciones.

En Milán, los manifestantes ocuparon durante varias horas tramos de la circunvalación oriental, mientras en Génova y Nápoles hubo acciones de protesta en instalaciones portuarias contra el transporte de armamento.

La movilización estuvo precedida por protestas de transportistas y agricultores debido al encarecimiento del combustible, que afectó especialmente a regiones del sur.

Como respuesta, el Ejecutivo reintrodujo desde el 28 de octubre y hasta el 7 de noviembre una reducción de aproximadamente 4,9 céntimos de euro por litro en el precio del diésel, incluido el efecto del impuesto al valor agregado, y anunció nuevas medidas de apoyo a las pequeñas empresas del transporte.

En el ámbito industrial, la crisis de la ex Ilva de Taranto volvió a ocupar la agenda nacional después de que la Corte Suprema de Casación confirmara el 29 de octubre la decisión judicial que ordena suspender la actividad de los altos hornos en la mayor siderúrgica italiana, por razones relacionadas con la protección de la salud y el medioambiente.

Sindicatos, trabajadores y autoridades locales reclamaron garantías laborales y soluciones para una industria cuya situación constituye desde hace años uno de los principales conflictos económicos y sociales del país.

En el escenario político destacó que los principales dirigentes de la centroizquierda acordaron acelerar la elaboración de un programa común de cara a las elecciones generales de 2027.

La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein; el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, y los representantes de Alianza Verdes e Izquierda, Angelo Bonelli y Nicola Fratoianni, definieron una hoja de ruta que contempla presentar las bases programáticas en noviembre, celebrar una movilización unitaria en diciembre y organizar primarias antes de febrero.

Así, la última semana de octubre dejó en evidencia los principales desafíos que enfrenta Italia: contener el impacto del encarecimiento de la vida, responder a las demandas laborales y sociales, afrontar las dificultades de su tejido industrial y gestionar las diferencias políticas internas y las relaciones internacionales, mientras el Gobierno prepara las cuentas públicas para el próximo año.

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