El presidente de la Asociación de ese segmento, Marvin Méndez, explicó que el beneficio alcanzaría a más de mil 500 personas que sufrieron lesiones graves o la pérdida de extremidades durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).

Señaló que la movilización busca visibilizar la demanda de pensiones dignas para quienes enfrentaron condiciones económicas precarias tras el cumplimiento de su servicio.

El también representante legal de la Asociación de Discapacitados de Guerra remarcó la importancia de este incremento como un reconocimiento a las condiciones especiales que enfrentan.

Mendéz mantuvo la víspera y asimismo en días pasados una protesta pacífica frente al Congreso porque este incluya el tema en la agenda de la Instancia de Jefes de Bloque, con miras a su pronta discusión y posible aprobación.

Los expatrulleros de autodefensa civil notificaron a la Gobernación del departamento capital de los movimientos, que enfatizaron serán por tiempo indefinido y no levantarán hasta la primera lectura de la propuesta en el Legislativo.

Una norma aprobada el 24 de octubre de 2022 definió otorgar un aporte económico mensual de mil quetzales (casi 130 dólares) durante un período de tres años a los inscritos en el programa.

Los participantes en un plantón a inicios de agosto último reclamaron al Parlamento una reforma que permita extenderla por tres años adicionales, así como la inclusión de las viudas de excombatientes fallecidos, quienes no están contempladas.

Los diputados Luis Aguirre y Byron Tejeda, de la bancada Cabal, junto a Boris España, de la opositora Vamos, acompañaron entonces a los veteranos como muestra de respaldo a sus demandas.

El asunto –según entendidos- tiene vieja data, pues cuando Alejandro Giammattei era candidato a la presidencia fue uno de los primeros en ofrecerles apoyo económico por sus servicios, algo que luego en su mandato (2020-2024) incumplió.

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