El Ejecutivo ecuatoriano todavía no ha dado detalles sobre cuándo comenzará a aplicarse el mecanismo o dónde serán acogidas estas personas.
El documento, publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal y ampliamente difundido en la prensa ecuatoriana, establece que Ecuador funcionará como “tercer país seguro” para solicitantes de protección internacional que permanecen en territorio estadounidense.
El convenio fue formalizado en julio mediante un intercambio de notas diplomáticas, pero Quito no ha aclarado aún su posición ni los detalles de implementación.
Según el DHS, el objetivo es garantizar un “traslado digno, seguro y oportuno” de quienes sean seleccionados.
Washington propondrá los casos y Quito podrá aceptarlos o rechazarlos, lo que confirma que no será un proceso automático.
El acuerdo excluye a menores no acompañados y permite a ambos países elegir a las personas transferibles.
Hace dos meses, la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que se trataría de un programa “limitado” para aceptar “hasta unas 300 personas” por año, siempre que tengan buen estado de salud y no representen riesgos para la salud pública o la seguridad.
El convenio obliga a Ecuador a no devolver a ninguna persona transferida hasta que exista una resolución definitiva sobre su solicitud de protección.
Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, visitó posible enclaves para bases extranjeras en Manta y Salinas.
Para el actual Gobierno ecuatoriano, la presencia de la funcionaria refuerza la cooperación en seguridad, prosperidad y migración para beneficio de ambos países.
Sin embargo, conocedores y analistas consideran la relación con Washington como servilismo y sumisión.
“Deportan encadenados a nuestros hermanos; nos imponen aranceles; renunciamos a nuestra posición jurídica y no condenamos el genocidio en Gaza, ni el bloqueo a Cuba. ¿Qué ha logrado Ecuador? ¿Cooperación o desprecio y vergüenza?, escribió en su cuenta de X el exvicecanciller Fernando Yépez.
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