Fue un acuerdo de la asamblea de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que anunció al gobierno y al Poder Legislativo que iniciará una serie de medidas de protesta hasta conseguir respuesta al planteo básico de mejora salarial.

“El conflicto actual no se limita a la aprobación de la ley de presupuesto, sino que refleja un problema estructural y persistente”, refiere la moción.

Menciona “el deterioro de las remuneraciones judiciales y la falta de reconocimiento del valor real del trabajo que realizan juezas y jueces en todo el país que es, además, una de las bases de la independencia”.

La asamblea resolvió “colocar los problemas salariales en el centro de la comunicación gremial que es una de las bases de la independencia y «se vincula con la necesidad de un sistema de remuneración justo, proporcional al esfuerzo y a las responsabilidades de la función judicial”.

Además, decidió “exigir a los poderes políticos del Estado que, dentro de un plazo de 30 días establezcan un ámbito de negociación específico.

Los magistrados harán asambleas en horario de oficina para “visibilizar el conflicto” y seguirán una “aplicación estricta de los plazos legales”.

Esto quiere decir que no tomarán medidas “de eficiencia procesal que supongan acortar etapas o anticipar actuaciones”, entre otras actuaciones.

El gremio de los jueces decidió que si este conjunto de medidas no produce la respuesta esperada de las autoridades, pasarán a una segunda etapa donde sí afectarán el servicio de justicia.

Luego pasarán a la “paralización de actividades no urgentes”, incluso suspender todas las tareas que no impliquen riesgo de perjuicio inmediato para derechos fundamentales o procesos urgentes.

En etapa avanzada del conflicto, «se dispondrá la detención total de las actividades, manteniendo una guardia gremial mínima para asegurar la atención de asuntos estrictamente urgentes”, dice la resolución de la asamblea de los jueces.

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