El Decreto 1190, expedido por el Ministerio del Interior, señala que la referida comisión estará integrada por tres personas de las más altas calidades éticas y profesionales, con experiencia, formación y conocimiento en derechos humanos, y que los aspirantes a conformarla serán postulados por organizaciones de la sociedad civil.

Según reza la norma, estos serán elegidos por la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Especifica asimismo que “las personas integrantes del Comité de Expertos Ad hoc serán contratadas por el Ministerio del Interior y contarán con un equipo técnico e investigativo integrado por nueve personas financiadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia”.

Entre los objetivos del comité se halla la documentación y análisis de antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período comprendido entre los años 2019 – 2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social.

También trabajará en la identificación de las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que presuntamente hayan actuado con omisión, aquiescencia, tolerancia apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos.

Asimismo, formulará recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, incluida la no estigmatización y no criminalización.

El Comité de Expertos, que funcionará hasta el 31 de julio de 2026, no tendrá facultades para establecer responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias.

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