Como si se tratase de una extensa telenovela de capítulos por entrega, el principal foco arrancó con el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, y su ayudante Koldo García.
Para el primero, la Fiscalía anticorrupción pide 24 años de cárcel y al segundo 19. Además, siete años al empresario Víctor de Aldama, en una cadena de negocios de mascarillas sanitarias y otros elementos, con prebendas y “mordidas” para varias personas.
Se le añadió posteriormente Santos Cerdán, hasta la mitad de este año secretario de Organización del PSOE, con otros negocios de conceder obras a empresas privadas, beneficiar a sus familiares cercanos y reparto de comisiones por diversos entramados.
Cerdán estuvo cinco meses en prisión preventiva, pero ayer fue liberado por la justicia al no existir peligro de destrucción de documentos ni de fuga del país.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, admitió este jueves que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Cerdán, aportan «indicios sólidos».
Bolaños, quien defendía hasta hace unos meses la presunción de inocencia, reconoció sentirse «muy decepcionado» con Cerdán, al tiempo que subrayó que no hay financiación ilegal del partido.
El titular señaló, no obstante, que es la justicia la encargada de determinar cuál es la realidad y la responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas.
De otro lado, cinco figuras de la Diputación Provincial de Almería, Andalucía, pero la investigación se amplió a 10 por la UCO de la Guardia Civil. Todos son integrantes del opositor Partido Popular.
Las personas implicadas en esta nueva fase de actuaciones tienen como punto de partida el caso mascarillas, acerca de los cuales se realizaron nuevos registros en el Ayuntamiento de Fines, uno de los epicentros de la causa.
Entre los nuevos investigados figuran dos hermanos del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.
Las cinco detenciones fueron al titular de la Diputación; el vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el hijo del regidor y un técnico de Diputación.
Igualmente, la Guardia Civil investiga de nuevo a Óscar Liria, quien fuera vicepresidente de la Diputación hasta ser detenido en 2021 por la firma de un contrato de dos millones de euros en mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Las conversaciones grabadas entre Liria y Giménez son la base del caso mascarillas.
Se añade en paralelo, la situación de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien declaró días atrás contra el Fiscal General de España por supuestamente acosarlo y no dejarle otros caminos que “irse de España o suicidarse”.
González Amador, investigado por defraudar al fisco, saltó este jueves a la palestra otra vez, ahora por la compra de un ático de su lujoso apartamento de Madrid.
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