Casi tres años después de su intento de disolver el Congreso adverso y reorganizar el sistema de justicia, Castillo negó haber incurrido en los delitos de rebelión o conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La Fiscalía, previamente, pidió para él 35 años de prisión o 19 y seis meses, si fuera condenado solo por conspiración para la rebelión, cargo que es materia de controversia porque implica alzarse colectivamente en armas contra el Estado, lo que el exmandatario niega de plano.

El maestro rural que alcanzó la Presidencia hizo una larga exposición sobre los antecedentes históricos de su llegada al gobierno, el contexto político y el asedio constante de la oposición conservadora mayoritaria desde el Congreso, con el apoyo de la prensa afín.

Refirió que decidió personalmente y sin compartirlo con sus ministros, intentar las citadas medidas de excepción el 7 de diciembre de 2022, después de ser advertido de madrugada por una llamada telefónica, de que el Congreso lo iba a vacar (destituir) esa tarde.

Castillo dijo que, tras su mensaje, se dirigió a la embajada de México para pedir protección a su familia, pero decidido a permanecer él en Perú. Consideró impensable que pudiera fugarse con su escolta policial, que al final lo entregó para su detención.

Negó también que su entonces primera ministra, Betssy Chávez, estuviera al tanto, pues solo le ordenó coordinar la presencia de la prensa oficial para que informe sobre el mensaje.

Chávez está asilada en la Embajada de México y sus defensores señalan que pidió esa protección porque era víctima de persecución política, asimismo, argumentan que la mayoría parlamentaria la desaforó (expulsó) acusándola de golpista.

La medida fue aplaudida por congresista conservadores, como Patricia Juárez, que pidió negarle el salvoconducto que el Gobierno se resiste a entregarle para su viaje a México.

Otra legisladora, Lady Camones, pidió inclusive que la Embajada de México sea allanada y Chávez capturada, opción descartada por el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien dijo que Perú respeta el derecho internacional, y por el canciller, Hugo de Zela.

La mayoría del Congreso aprobó además dos inhabilitaciones de diez años contra la ex primera ministra, medida de proscripción política que le impide desempeñar cargos en el Estado, la primera de las cuales no alcanzó mayoría, pese a lo cual será votada nuevamente.

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