La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma presentaron una medida cautelar de no innovar para detener el comienzo de la prospección sísmica en busca de crudo.

El objetivo es lograr que la petrolera pública, Ancap, y las empresas no inicien los trabajos de exploración y perforación, ni tampoco movilicen buques ni equipos hasta que la Justicia decida sobre la nulidad de los contratos.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) tiene actualmente siete contratos firmados para la exploración y producción de hidrocarburos en la plataforma continental uruguaya con las empresas Chevron, Shell, Challenger Energy Group (CEG), APA e YPF.

Pero las organizaciones demandantes afirman que los documentos firmados por Ancap “son nulos de pleno derecho”.

Bajo ese precepto solicitaron a la Justicia “que suspenda de inmediato toda actividad que pueda dañar el océano y su biodiversidad».

Alegan que esos convenios «habilitan actividades que generan daño irreversible, contradicen el interés público y violan el orden jurídico ambiental».

«Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objeto lícitos», señalaron.

En su demanda refieren la ley 19.128 que declara al mar territorial y a la zona económica «santuario de ballenas y delfines» y prohíbe cualquier «agresión o molestia intencional». Todo lo contrario a lo que ocurriría con los inicios de la prospección sísmica, alertaron.

Mientras tanto, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, anunció que convocará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al Parlamento para que brinde información sobre la exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo bajo los contratos firmados por Ancap.

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