La propuesta forma parte de un pedido del gobierno -cuya vigencia culminará dentro de ocho meses-, al Parlamento, de facultades legislativas en 22 materias, y plantea, según análisis del diario La República, la posibilidad de considerar delito la información sobre investigacines del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Prevé sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, lo que según el diario La República “puede involucrar directamente a la prensa cuando accede a documentación que revela abusos de poder, corrupción o irregularidades dentro del Estado”.

Proyectos similares han surgido del Parlamento conservador

–decenas de cuyos miembros están involucrados en casos de corrupción- pero fueron descartadas por el rechazo que motivaron.

La propuesta del gobierno incluye sanciones que podrían afectar a quienes difundan información filtrada sobre operaciones, diligencias o decisiones del Ministerio Público.

La presidenta de la filial de Lima de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Jeanette Pérez, consideró preocupante el proyecto, aunque reconoció que el Estado debe resguardar la información reservada cuando sea pertinente.

Sin embargo, acotó que una redacción ambigua de la norma proyectada puede dar lugar a restricciones del trabajo de la prensa, afectando el derecho ciudadano a estar informado y recordó que las filtraciones han permitido revelar casos de corrupción, abuso de poder e irregularidades diversas.

La dirigente dijo que espera que el proyecto no prospere y llamó a mantener vigilancia frente a iniciativas que puedan limitar la libertad de prensa.

Para el jurista Andy Carrión, la iniciativa gubernamental abre la posibilidad de que se establezca una “ley mordaza encubierta” y señaló que la reserva de las investigaciones de la Fiscalía es obligación de esta y su vulneración conlleva sanciones para los fiscales responsables.

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