La solicitud del Ministerio Público pretende evitar que los denunciados abandonen Bolivia mientras se investigan posibles delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres.

Esa acusación fue presentada por las magistradas electas en 2024 por voto popular Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca.

Ambas aseguran que los magistrados —electos en 2017 y autoprorrogados de su ejecutoria constitucional concluida en diciembre de 2023—, prolongaron su mandato de forma irregular y cometieron acciones contrarias a la ley.

De acuerdo con el documento presentado al Ministerio Público, los denunciados poseen pasaportes diplomáticos y recursos económicos que facilitarían una posible fuga del territorio nacional.

Esa petición se ampara en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que permite aplicar restricciones cuando existe “peligro de fuga”.

Argumento central de esta petición es la posibilidad de que los investigados puedan evitar someterse al proceso penal si no se toman medidas inmediatas.

Los autoprorrogados señalados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada; Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo, quienes concluyeron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023.

Demandaron también las denunciantes que las notificaciones del caso se realicen mediante el sistema informático del Ministerio Público, y además solicitaron copias simples y legalizadas del cuaderno de investigación para dar seguimiento al proceso penal.

Prevalece en Bolivia un contexto marcado por críticas de todos los sectores a la justicia debido a la corrupción que la caracteriza y a la ilegitimidad del mandato de los autoprorrogados.

Según se informó, la decisión final sobre el arraigo será evaluada por la Dirección General de Migración (Digemig), que deberá determinar si existen suficientes indicios para impedir la salida del país a los implicados.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días la Fiscalía informe sobre los avances del caso y las medidas que podrían adoptarse para garantizar el desarrollo del proceso penal.

El Primer Diálogo por la Reforma Judicial realizado en Sucre el 15 del mes en curso, presentó como primera exigencia la suspensión inmediata de los magistrados autoprorrogados del TCP.

“Pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados”, estableció la conclusión central de la mesa número uno, expuesta durante la plenaria al final de los análisis en comisiones.

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