Bolsonaro no es solo un exgobernante investigado, pues desde este martes se convirtió en el primer mandatario de la historia democrática en esta nación en cumplir una pena de cárcel por intentar subvertir el orden constitucional.

Su traslado definitivo el 22 de noviembre al pabellón de custodia del predio policial terminó de imprimir un carácter irreversible al proceso que durante meses ocupó el centro de la escena judicial y política del país.

El impacto fue inmediato. Mientras en los alrededores de la PF pequeños grupos de simpatizantes se concentran en señal de protesta, analistas de todo el espectro coinciden en que la prisión del líder de la derecha reorganiza el tablero nacional.

Fuerzas políticas conservadoras ya buscan un relevo, los militares observan con cautela y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intenta contener la polarización sin renunciar al discurso de defensa del Estado de Derecho.

La decisión de este martes del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, que certificó el inicio de los 27 años y tres meses de condena, resonó más allá de los tribunales.

Al ordenar el inicio de la ejecución de la sentencia, De Moraes también determinó que el cuerpo del orden público mantenga la atención médica a disposición de Bolsonaro a tiempo completo.

Exige garantizar, asimismo, «independientemente de la autorización judicial previa», el acceso del equipo que atiende al exjefe de Estado al lugar, ubicado en Asa Sul.

Para una parte de la sociedad, la sonada reclusión del excapitán del Ejército representa la reparación institucional por los ataques golpistas de 2022 y 2023. Para otra, es prueba de una justicia politizada.

Esa fractura, alimentada por redes y militancias, promete marcar los próximos meses.

También el encarcelamiento opera simbólicamente dentro del bolsonarismo (adeptos del exmandatario ultraderechista).

Mucho del movimiento político que surgió en 2018 dependía del carisma personal de Bolsonaro y de su presencia permanente en redes sociales. Su reclusión limita esas herramientas y abre interrogantes sobre quién asumirá la conducción de la tendencia, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

Lo que viene ahora, coinciden juristas, es una fase de estabilización judicial. Con los recursos agotados y el caso considerado concluido, Bolsonaro, de 70 años, deberá convivir con un escenario político sin posibilidad inmediata de reversión.

Y Brasil, una vez más, tendrá que aprender a procesar este capítulo sin perder de vista que la democracia sigue siendo el campo central de pugnas.

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