Ante el imperativo de sustituir a Álvaro García Ortiz, quien presentó ayer su renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo, el Ejecutivo inicia así el procedimiento para impulsar la candidatura de Teresa Peramato.

Se trata de una fiscal de carrera, con 35 años de ejercicio, quien ocupa ahora el cargo de jefa de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Igualmente, con sobrado prestigio como especialista en la lucha contra la violencia machista.

Además, es también fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.

La propuesta tendrá ahora que ser validada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se pronunciará este miércoles.

Deberá posteriormente comparecer ante el Congreso de Diputados, para luego ser nombrada oficialmente por el rey Felipe VI, en su condición de jefe de Estado.

La semana anterior, el Tribunal Supremo emitió su fallo sobre el proceso a García Ortiz, a quien inhabilitó dos años sin ejercer cargos públicos y a una multa de siete mil 200 euros por daños y perjuicios a Alberto González Amador.

Un hecho histórico, sin precedentes, que acentuó aún más, si ello fuera posible, la ácida controversia en las antípodas de la izquierda en el Gobierno, los conservadores del Partido Popular (PP) y la crecida ultraderecha de Vox.

El fallo apunta a un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de González Amador, a quien se le sigue un proceso aparte por defraudar al fisco.

Es pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid y figura del PP, quien aplaudió la decisión del Supremo y exigió, como su partido, la dimisión del jefe del Gobierno nacional, el socialista Pedro Sánchez.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, opinó que la condena al Fiscal General es una mala noticia, que tiene un difícil encaje constitucional.

Respecto a Teresa Peramato, la noticia de su candidatura coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un dominio en el que ha destacado la jurista. Aun así, la derecha recibió con escepticismo su nominación.

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