En medio de fuerte resguardo policial, Vizcarra saludó sonriente a sus seguidores, parte del sector de la población que lo apoya porque durante su breve Presidencia disolvió el impopular Parlamento de mayoría neoliberal y derechista.

Tras su ingreso al tribunal, se inició la tediosa y prolongada lectura de los cargos y de la acusación de la Fiscalía, solo el inicio de una audiencia muy prolongada.

El exgobernante declaró que no teme un fallo adverso y ha mostrado esa actitud desde que hace cinco años se inició la investigación del Ministerio Público, que pide para él 15 años de cárcel por el delito de cohecho.

Juristas y medios de prensa coinciden en que es segura su condena por las evidencias en su contra, del delito de cohecho cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.

Según el fiscal, Germán Juárez, recibió sobornos de dos empresas por el equivalente actual de 676 mil 470 dólares a cambio de los contratos de construcción de un hospital y un proyecto hídrico.

Vizcarra se ha declarado constantemente inocente, alega que la Fiscalía carecería de pruebas plenas y niega validez a lo declarado por los empresarios contratistas de las obras y de su muy cercano amigo José Hernández que dicen, respectivamente, haberle pagado las coimas los primeros y haber sido intermediario el segundo.

Sostiene que esos testimonios fueron obtenidos por la Fiscalía a cambio de inmunidad y también argumenta que no hay pruebas precisas y contundentes en su contra.

Eduardo Roy Gates, abogado de Obrainsa, una de las empresas que reconocen haber pagado los sobornos, pidió hoy que Vizcarra sea encarcelado tras el fallo para evitar que el condenado se fugue.

Sin embargo, el conocido letrado César Nakazaki, crítico de Vizcarra, acotó que el tribunal puede sentenciarlo y, ante una segura apelación del fiscal o el defensor de Vizcarra, puede disponer su liberad condicional pues el reo ha asistido a todas las audiencias.

Vizcarra ejerció la presidencia desde marzo de 2018, cuando era vicepresidente y reemplazó al renunciante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, hasta noviembre de 2020, cuando fue destituido.

El Congreso, además, lo ha inhabilitado para el ejercicio de cargos en el Estado, lo cual frustró su intento de postular a la Presidencia y en 2021 y lo privó de ocupar un escaño en el Congreso como el legislador elegido con la mayor votación individual, debido, también, a que disolvió el Legislativo, en septiembre de 2019.

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