Hurtado y otros cuatro integrantes del TCP, con un fallo, autoprolongaron su permanencia como magistrados de ese órgano del Estado desde enero de 2024, más allá del mandato de seis años que les otorgaba la Constitución.

El cese ipso facto de la pentarquía autoprorrogada y de dos magistrados prorrogados del Supremo de Justicia, así como la suspensión de sus salarios y la custodia inmediata para garantizar que abandonen sus oficinas, fue ordenada el 24 del mes en curso por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Respecto al tema, Mariaca señaló que la Fiscalía ya coordinó las citaciones para los otros cuatro exmagistrados investigados.

Indicó que, una vez recibidas las notificaciones, cada uno tendrá un plazo de 24 horas para presentarse a declarar, asunto en el cual, Según dijo, el Ministerio Público actúa con “respeto estricto” a la normativa y a las garantías procesales.

Asimismo, aclaró el fiscal general, las órdenes de aprehensión mencionadas en días anteriores no fueron emitidas por el Ministerio Público, sino por una autoridad jurisdiccional durante el periodo de conflicto institucional en el TCP.

Mariaca confirmó también que se dictaron medidas de protección en favor de las magistradas denunciantes Paola Prudencio y Amalia Laura con el objetivo de resguardar su seguridad física y emocional, de acuerdo con la sensibilidad del caso y el clima de tensión que rodeó al TCP.

Según informó, la alerta migratoria contra los cinco exmagistrados prorrogados continúa activa para evitar que los investigados salgan del país mientras avanza el proceso.

Esta última disposición fue resultado de la denuncia presentada por Prudencio y Laura, quienes señalaron irregularidades en el ejercicio de funciones tras la culminación del mandato constitucional.

De acuerdo con la acusación, los exmagistrados habrían emitido autos constitucionales sin conocimiento ni firmas de las autoridades electas en 2024.

Las denunciantes sostienen que estas actuaciones vulneraron los procedimientos internos del TCP y dieron lugar a resoluciones sin sustento legal, además de la presunta manipulación administrativa para mantener el control de la Sala Plena del TCP, pese al fin del mandato establecido.

El Ministerio Público continúa recopilando declaraciones, documentos y otros elementos para determinar responsabilidades.

Mariaca anunció que las investigaciones seguirán con imparcialidad y transparencia con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar que se respete el orden constitucional.

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