“Flores debe responder por cinco procesos penales” vinculados a corrupción y daño económico al Estado, aseguró el abogado de la parte denunciante, Eduardo León.

El primer proceso al que se enfrenta el exempresario es por presuntas irregularidades en una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.

Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que ya existe una orden de aprehensión contra Flores por incumplimiento de su detención preventiva.

“(…) Salió de su domicilio con permiso judicial, pero no asistió al interrogatorio en dos oportunidades y ya no habita el lugar”, explicó.

El Ministerio Público sostiene que el juez Hugo Huacani ignoró los riesgos de fuga que fueron expuestos ante él.

Un segundo expediente penal está relacionado con un posible enriquecimiento ilícito durante su gestión en Emapa.

Según la Contraloría General del Estado, Flores declaró 2,8 millones de bolivianos (más de 340 mil dólares) en activos y tres bienes, pese a percibir un salario mensual de 15 mil 950 bolivianos (cerca de dos mil 300 dólares).

“Tendría que haber ahorrado 14 años de salario para justificar ese monto”, advirtieron las autoridades.

Un tercer caso guarda relación con irregularidades en una planta piscícola en el Lago Titicaca en el cual también son investigados otras cuatro personas por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Torres recordó que este proyecto, destinado a fortalecer la producción pesquera, “nunca funcionó adecuadamente y generó pérdidas para el Estado”.

El cuarto proceso consiste en un presunto sobreprecio en la compra de harina para la subvención de la producción de pan.

Involucrado en este expediente también aparece el dirigente panificador Rubén Ríos.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, denunció que Flores, funcionarios de Emapa y dirigentes panificadores “se valieron de la necesidad de la población” para malversar parte de los recursos destinados a mantener el precio del pan.

Reveló, además, que este negocio causó “un daño económico de 300 millones de bolivianos (casi 43 millones de dólares)”.

El propio Justiniano anunció el quinto proceso penal tras la intervención de Emapa por una comisión interdisciplinaria, que detectó en apenas 12 días de pesquisa “un presunto daño económico superior a los 95 millones de bolivianos (cerca de 14 millones de dólares)”.

“Se presentarán denuncias penales contra quienes, desde Emapa o desde el sector privado, hayan ocasionado perjuicio al Estado”, ratificó el titular al insistir en que las acciones serán contundentes.

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