En sesión ordinaria de este martes, el vicepresidente primero del órgano legislativo presentó los descargos de la normativa y se refirió a las potencialidades de la empresa venezolana asentada en el país norteño que genera anualmente entre cuatro y cinco mil millones de dólares utilidad.

Expresó que ese dinero bien pudiera ser empleado en la protección social del pueblo, en la economía y crecimiento del país.

Infante declaró que la decisión de un juez estadounidense de vender Citgo de manera forzosa a fondos buitres por el módico precio de cinco mil 900 millones dólares, demuestra que en estados Unidos no se respeta el derecho económico ni a la propiedad.

Reveló el diputado, en base a la investigación realizada por el parlamento, que en este robo están implicados de manera directa 351 venezolanos, de ellos 94 parlamentarios que formaron parte de la Asamblea en desacato, 108 seudofuncionarios y 149 de las juntas directivas de las ONG.

El acuerdo consideró que la acción judicial estadounidense representa “una abierta trasgresión” del Derecho Internacional Público y las normas que rigen la convivencia pacífica y el respeto a la soberanía de los Estados, la cual calificó como “un acto de delincuencia organizada internacional”.

Consideró que dicho acto constituye una “nueva y grave agresión económica de carácter imperialista” destinada a despojar al pueblo venezolano de un activo vital para su desarrollo, bienestar social y consolidación económica, que se suma a la escalada de agresión militar destinada a desestabilizar la paz.

En ese sentido, los parlamentarios rechazaron de manera categórica y enérgica el proceso de expoliación de las acciones de Citgo, al considerarlo como “un despojo flagrante del patrimonio nacional” bajo la complicidad de un sistema judicial instrumentalizado por intereses imperiales.

Asimismo, declaró nula e írrita cualquier decisión judicial o administrativa “emanada de tribunales o entidades de Estados Unidos” que ordene o facilite la expoliación o enajenación forzosa de Citgo, además de denunciar en todos los foros “el grave precedente” de esta acción.

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez aludió al capítulo X de la Constitución nacional sobre los deberes de los venezolanos, que en su artículo 130 plantea “…tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y, valores culturales…”, así como resguardar y proteger la soberanía.

Rodríguez propuso, al respecto, adicionar al texto y elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de quitar la nacionalidad a los que no respetan ese precepto constitucional y mencionó entre ellos a Juan Guaidó, Dinora Figuera y Horacio Medina por ser los responsables del gigantesco robo de Citgo.

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