La JCE señaló a la FP que dicha movilización «podría confundirse con propaganda electoral anticipada y generar sanciones administrativas». En su respuesta, la organización señaló que la Constitución reconoce los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión e información, que permiten a toda persona organizarse, manifestarse y expresar opiniones sin permiso previo.

Agregó que el artículo 216 establece que los partidos tienen la función esencial de servir al interés nacional, canalizar demandas sociales y contribuir al desarrollo integral del país.

FP sostuvo que los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos mediante leyes orgánicas, por lo que ninguna unidad administrativa de la JCE puede limitar la protesta social mediante un acto de alguacil, ni interpretar una manifestación cívica como propaganda electoral.

La organización aclaró que el uso de colores, consignas o símbolos partidarios por parte de ciudadanos no constituye propaganda electoral anticipada, pues la ley exige la existencia de un mensaje dirigido a promover candidaturas para configurar un acto de campaña.

La JCE señaló que los elementos empleados en la caminata “podrían configurar” actos político-partidarios y advirtió sobre posibles sanciones.

FP consideró improcedente que se construyan advertencias basadas en posibilidades y no en hechos concretos, y recordó que la marcha fue anunciada públicamente como protesta social y que la JCE no formuló observaciones previas.

En su respuesta, FP solicitó al Pleno de la JCE reconsiderar y rectificar el criterio de que el uso de colores o símbolos partidarios en una protesta pueda equipararse a propaganda anticipada.

Consideró que mantener esa postura limitaría las facultades constitucionales de los partidos para participar en el debate público y acompañar causas sociales, además de restringir los derechos de reunión, asociación y expresión de la ciudadanía.

Reafirmó su respeto a la institucionalidad electoral y al rol de la JCE, pero insistió en defender los derechos fundamentales y el carácter constitucional de la protesta social pacífica.

Reiteró que lo ocurrido el 30 de noviembre fue una acción cívica conforme a la Constitución y las leyes, y anunció que continuará acompañando las expresiones de la ciudadanía frente al alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos.

El líder opositor dominicano Leonel Fernández, calificó el lunes pasado la reciente marcha que recorrió barrios del Distrito Nacional como un “plebiscito anticipado” contra el gobierno.

Fernández, presidente de la FP, aseguró que la promesa de cambio se ha desplomado y que el país atraviesa una “tormenta».

Miles de personas respondieron este domingo a la convocatoria para protestar por los males que afectan a la población.

La marcha inició en la intersección Albert Thomas, en el Ensanche Luperón, y concluyó en la México con Jacinto de la Concha. A lo largo del trayecto, los manifestantes se expresaron contra los altos precios, las infraestructuras deterioradas, la falta de dinero y el desempleo.

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