La apelación persigue dejar sin efecto la orden preliminar para reinstalar a tres directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, en tanto se dilucida la demanda presentada en septiembre pasado por los afectados contra el gobierno de Trump, divulgó hoy el diario El Nuevo Día.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció, en un documento emitido la víspera, que presentará una apelación en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, en el cual se solicita a la jueza de distrito federal María Antongiorgi-Jordán que revise el fallo que permitió a Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty Rosa retomar sus funciones en la JSF.

El pasado 29 de septiembre la jueza Antongiorgi-Jordán concluyó que González, Rosa y Biggs demostraron méritos suficientes para que prospere la demanda que sometieron contra el presidente Trump, luego de que el pasado 5 y 13 de agosto los destituyera de sus cargos en la JSF sin exponer las razones.

La ley federal Promesa establece que los directivos de la JSF pueden ser removidos de sus cargos mediante justa causa.

Bajo el alegato de que Puerto Rico sigue estremecido por actos de corrupción y pobre gestión de su gobierno a pesar de la existencia de la JSF, Trump destituyó a Rosa y González, ademas de los directivos Cameron McKenzie, Juan A. Sabater y Luis Ubiñas el pasado 5 de agosto.

Ocho días más tarde, luego de que Biggs lamentara esa decisión, el mandatario estadounidense también lo destituyó, por lo que por más de un mes el organismo tuvo como único directivo al experto en presupuesto John Nixon.

Al autorizar la reinstalación temporal de Biggs, González y Rosa, Antongiorgi-Jordán indicó que “el presidente debe seguir los estándares más altos, no solo al hacer cumplir la ley, sino al vivir bajo esa ley”.

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