Por segunda vez, la justicia negó el derecho a la exlegisladora del Movimiento al Socialismo (MAS) a defenderse en libertad y determinó su detención preventiva por cuatro meses, mientras continúa la investigación por un supuesto desfalco al exFondo de Desarrollo Indígena (FDI).
La audiencia de medidas cautelares contra la exparlamentaria finalizó la noche de este sábado, durante la cual los representantes de la justicia descartaron los argumentos de la defensa y sí tomaron en cuenta las pruebas presentadas por la parte denunciante.
Informaron los jueces que la audiencia de medidas cautelares se instaló debido a que, supuestamente, la exdiputada recibió en una cuenta personal cerca de 700 mil bolivianos (unos 100 mil dólares) para un proyecto de producción de tomate y papa.
Adicionalmente, la Fiscalía Departamental de La Paz anunció que existe una segunda investigación en su contra, relacionada con la recepción de 650 mil bolivianos (93 mil dólares) destinados a un proyecto de producción de miel, que no se ejecutó en su totalidad.
La concejal municipal de El Alto Vilma Alanoca criticó el arresto en la vía pública de Patty con amplia cobertura mediática y entrevistas en la televisión nacional a representantes de la derecha, quienes reiteran que la exlegisladora (2018-2020) se dejó utilizar por el MAS para realizar persecución política.
Agregó que el linchamiento mediático contra Patty es un reflejo de la persecución política del actual Gobierno contra el movimiento indígena originario.
Tras la victoria electoral del MAS en 2020, Patty presentó una acusación sobre los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Senado y del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.
La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.
Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados, y ahora es Patty quien permanece tras las rejas, en lo que sus partidarios consideran una venganza de quienes controlan hoy el poder.
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