La instancia tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores) ha demorado en sus conclusiones debido a divergencias con algunas centrales obreras y criterios técnicos.
Según la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien modera estas deliberaciones, las exposiciones de especialistas del sector empresarial y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción fueron fundamentales para establecer un marco común de entendimiento sobre la realidad económica del país.
“A partir de esta jornada comienza la parte medular de la negociación: la presentación de las propuestas concretas de los porcentajes de aumento o revisión de las remuneraciones”, remarcó.
Por su parte, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) propuso un salario mínimo de mil 956.52 dólares mensuales, argumentando que esta cifra cubre las necesidades básicas de una familia, incluyendo alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, vestido y recreación.
Sin embargo, el secretario general de Conusi, Marco Andrade, denunció que esa instancia a cargo de la cartera de trabajo se negó a recibir la propuesta de ese colectivo y trata de imponer ajustes por dos años de las remuneraciones, que solo benefician al sector empresarial.
Andrade además explicó que las alternativas salariales sobre la mesa solo tienen en cuenta los gastos en alimentos y menosprecian las erogaciones necesarias en vivienda, agua y energía eléctrica, entre otros rubros.
Mientras, la economista Maribel Gordón, presidenta del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), señaló que la diferencia con el salario mínimo actual, que promedia 636.80 dólares mensuales, refleja la gran brecha que mantiene a muchos panameños en un estado de insatisfacción alimentaria y pobreza.
Además cuestionó que en el país existen por regiones y categorías diversas unos 63 tipos diferentes de salario mínimo, otra muestra de la inequidad social que vive el istmo.
La negociación espera llegar este martes a un consenso transparente y equilibrado.
En caso de no lograrse un acuerdo, el Ejecutivo será responsable de fijar el nuevo salario mínimo, que actualmente varía según la región, el tamaño de la empresa y la actividad económica.
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