“El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) entregará dos reconocimientos este miércoles, uno a las víctimas de Senkata y otro a las de Sacaba”, aseguró la presidenta de esta institución, Emma Bolshia Bravo.
Agregó en declaraciones a Prensa Latina que el ITEI ha seguido con admiración la lucha durante años de estos colectivos en contra de la impunidad y en favor de la verdad y la injusticia, y considera oportunos estos reconocimientos.
“Es importante que estos hechos calificados de masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se olviden en un contexto internacional caracterizado por el negacionismo”, concluyó Bravo.
Tras cumplirse seis años de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó en noviembre último un informe del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, que por solicitud del Gobierno de Jeanine Áñez investigó estos hechos.
Esa pesquisa confirmó que producto de los episodios de violencia que desembocaron en el derrocamiento cívico-militar del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, existe un total de 666 víctimas directas, 37 fallecidos y más de 100 heridos.
Respecto a los 37 asesinados, el GIEI advirtió que existieron ejecuciones extrajudiciales.
Unas 48 horas después de recibir la banda presidencial de manos de un militar el 12 de noviembre de 2019, Áñez y sus ministros firmaron el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Tras el triunfo de la derecha en las elecciones generales del año en curso, Áñez fue beneficiada por el Tribunal Supremo de Justicia, que determinó que como mandataria requiere un juicio de responsabilidades, lo cual le fue negado con anterioridad, y salió de la cárcel.
El asesor de las víctimas de Sacaba y Senkata, David Inca, por su parte, sostuvo en noviembre durante una vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Florida, Estados Unidos, que la anulación de los juicios representa un “mecanismo de impunidad”.
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