Son cuatro empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci las acusadas por el homicidio de Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro de estudios.

En respuesta a la solicitud del órgano acusador, que solicitó la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos (unos 780 mil dólares) a cada una, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, el tribunal impuso una garantía económica de 500 mil pesos (siete mil 800 dólares) mediante una compañía aseguradora.

También la presentación periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Entre tanto, ordenó la libertad a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes, coordinadora general y asesora del equipo directivo.

El Ministerio Público reiteró que las medidas de coerción que pidió son las más idóneas con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que apelará esta decisión.

El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano, puntualizó.

La muerte de la niña ocurrió el 14 de noviembre último en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, donde se encontraba en una excursión junto a otros alumnos del Instituto, ubicado en Santiago de los Caballeros.

El Ministerio Público aseguró en su portal que tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con tres cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin salvavidas, y sin preguntar a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.

Asimismo, manifestó que un video confirma que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de velar por la infante fallecida, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.

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