El pronunciamiento indica que, aunque el país cuenta con un amplio marco legal, incluido el Convenio 169 de la OIT, la aplicación real de esos derechos “no es evidente” en los escenarios más complejos de relación entre estas comunidades y el Estado.

Los colectivos sindicales, campesinos, indígenas y de derechos humanos esperan que el examen que realiza la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT al Estado ecuatoriano se convierta en una oportunidad para fortalecer, y no debilitar, los derechos colectivos.

El documento recuerda que el Convenio 169 tiene como finalidad transformar la relación histórica entre los Estados y los pueblos originarios, superando políticas asimilacionistas y estableciendo vínculos basados en igualdad sustantiva.

Sin embargo, las organizaciones sostienen que en Ecuador los derechos “han sido sistemáticamente violados”.

Aseguran que en los últimos tiempos el Estado ha restringido de forma arbitraria el alcance de la consulta previa, ha autorizado proyectos extractivos, mineros, petroleros, hidroeléctricos y agroindustriales sin procesos adecuados de consulta y ha aprobado leyes que afectan directamente a esos pueblos.

El comunicado recuerda que este deterioro ocurre en un contexto político tenso, con un paro nacional de un mes contra medidas económicas y de seguridad del presidente Daniel Noboa y con una respuesta estatal marcada por represión policial y judicial contra dirigentes sociales.

El pronunciamiento, añadió que el 16 de noviembre los ecuatorianos rechazaron en consulta popular la propuesta de Noboa de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

Uno de los principales argumentos que movilizó al electorado en contra de esa iniciativa fue la defensa de los derechos vigentes, incluidos los derechos colectivos, que el presidente ha considerado públicamente como “privilegios”.

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