Su abogado defensor, Jorge Nina, confirmó este viernes que el equipo legal de Patty acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció vulneraciones al debido proceso y a los derechos de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Anticipó que Patty presentará el próximo lunes una nueva acción de libertad, después de que una sala ordenara la detención preventiva de Patty por cuatro meses en la cárcel femenina de Obrajes.

Recordó Nina que las dos primeras apelaciones fueron rechazadas sin la debida fundamentación según su criterio.

Criticó que la entidad responsable ejecutara una segunda auditoría interna, pese a que —observó-, la normativa prohíbe dos peritajes de ese tipo sobre un mismo caso.

Patty está, presuntamente, implicada en el desfalco del FDI, cuyos daños a la economía del país según los acusadores supera los 130 millones de dólares.

La exdiputada fue citada por la fiscalía y cuando se dirigía a cumplir ese trámite fue aprehendida en un aparatoso operativo en la vía pública ante las cámaras de la televisión.

La concejal municipal de El Alto Vilma Alanoca criticó el arresto en la vía pública de Patty con amplia cobertura mediática y entrevistas en la televisión nacional a representantes de la derecha, en lo que calificó de linchamiento mediático contra Patty.

Tras la victoria electoral del MAS en 2020, Patty presentó una acusación sobre los sucesos acaecidos después de la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Senado y del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.

La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.

Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados, y ahora es Patty quien permanece tras las rejas, en lo que sus partidarios consideran una venganza de quienes controlan hoy el poder.

Este viernes, un juez determinó que el expresidente Luis Arce permanezca en prisión preventiva por cinco meses en la prisión paceña de San Pedro, dentro de esta investigación.

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