En el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, el mandatario expresó que asumen el acto con la convicción y el compromiso que derivan de la comprensión de la magnitud del suceso, no como resultado del acatamiento de una sentencia.

A las personas afectadas, a sus comunidades y a la población, la autoridad reiteró que el Estado falló y faltó a sus funciones fundamentales.

Consideró que la ceremonia tiene múltiples dimensiones, por un lado reconoce la dignidad de los individuos negada durante tanto tiempo y, por otro, el contexto autoritario en la comisión de los hechos.

Un Estado que se consideraba democrático y que, sin embargo, no cumplía con los principios fundamentales establecidos constitucionalmente, señaló el abanderado del partido Movimiento Semilla.

Este acto, amplió, conlleva el compromiso de la no repetición, pedir disculpas en nombre del Estado es recordar que las instituciones deben estar al servicio de las personas, de las comunidades, garantizar y proteger sus derechos.

El político de 67 años se dirigió a los familiares y a los seres queridos de los señores Agapito Pérez, Nicolás Mateo Macario, Macario Pú y Luis Ruiz Luis.

Ellos fueron hombres valientes, que alzaron su voz y actuaron de acuerdo con su conciencia, valores, en defensa de sus familias, de sus comunidades y que fueron tratados de manera cruel e injusta por un Estado que los persiguió y finalmente los hizo desaparecer, señaló.

A este primer fallo, el Gobernante añadió lo que sufrieron las y los familiares de estas personas en su intento por conocer la verdad.

El Estado de Guatemala incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de llevar adelante la búsqueda de estos defensores de derechos humanos, aseveró el presidente.

Una Corte indicó antes, entre otras medidas de reparación moral, la búsqueda de los cuatro desaparecidos y diseñar y poner en operación una estrategia para la localización de otras víctimas.

Pidió además la ejecución de una política de Gobierno que desclasifique, conserve y permita el acceso a los archivos y registros documentales en poder del Estado.

El 25 de febrero de 1999 se entregó en esta capital el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala: Memoria del Silencio.

La investigación responsabilizó del 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente al Ejército.

La guerra civil desatada en esa etapa dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos en este territorio centroamericano, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

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