El inesperado accionar de la Cámara baja forzó a que el Supremo Tribunal Federal (STF) intervenga nuevamente en un conflicto que revela tensiones profundas entre poderes.

A nombre del PT, el líder del partido en la bancada legislativa, Lindbergh Farias, presentó un «mandado de seguridad» (recurso constitucional) para obligar a la asamblea de parlamentarios a cumplir la determinación del STF que ordenó la cesantía inmediata de Zambelli, condenada penalmente y detenida en Italia tras fugarse del país.

Farias afirmó que la votación realizada por los diputados fue ilegal, pues el ministro Alexandre de Moraes había establecido que no cabía deliberación alguna.

Advirtió que el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, podría incurrir en prevaricación y crimen de responsabilidad si insiste en desobedecer la resolución judicial.

La reacción del PT afloró horas después de que la Cámara fracasara en alcanzar los 257 votos necesarios para destituir a Zambelli, pese a que la mayoría del pleno apoyó la salida de la evadida legisladora.

Tal preservación del mandato fue celebrada entre los aliados de Bolsonaro y encendió nuevas tensiones con el STF, que ya había certificado la condena por la invasión al sistema del Consejo Nacional de Justicia, en alianza con el pirata cibernético Walter Delgatti.

Zambelli fue sentenciada a 10 años de prisión y declarada inelegible por ocho calendarios, además de enfrentar una pena adicional de cinco años y tres meses por portar un arma de forma ilegal y coaccionar a un ciudadano durante la campaña de 2022.

La diputada se encontraba fuera del país desde su huida por la frontera argentina y fue detenida en Italia, lo cual intensificó la presión sobre la Cámara de Diputados para ejecutar la destitución que el Supremo ya consideraba definitiva e inapelable.

De Moraes anuló ahora la votación al considerar que el Legislativo no tiene atribución para revertir una pena firme y sostuvo que la función de la Cámara se limita a formalizar la pérdida del mandato.

El ministro señaló que la deliberación ocurrida en el pleno violó la Constitución y ordenó a Motta oficializar la salida de Zambelli y dar posesión al suplente, en un plazo de 48 horas.

Con su intervención, el Supremo dejó claro que decisiones judiciales con sentencia firme no pueden ser sometidas a reconsideración política ni convertirse en arena para disputas partidarias.

La ofensiva del PT busca no solo garantizar el cumplimiento de la Constitución, sino también evitar que la maniobra a favor de Zambelli se convierta en un precedente capaz de erosionar la institucionalidad y alimentar estrategias de blindaje político.

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