Mediante un comunicado luego de confirmarse nueve fallecidos este sábado, 10 heridos y seis desaparecidos, el Ejecutivo subrayó que tal situación está siendo aprovechada por grupos ilegales armados, que ponen en riesgo a la población.

La evidencia indica que el crimen organizado penetró en el territorio y está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos, describió.

Esta infiltración alteró completamente la naturaleza del problema y elevó sustancialmente el nivel de riesgo para la población civil y la seguridad nacional, añadió.

El análisis de la situación revela un patrón que busca desestabilizar al Estado, amplió, mientras expuso que grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá.

Adicionalmente, señaló, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes. También obstaculizaron carreteras y se apoderaron de buses.

El Ejército de Guatemala respondió de forma defensiva, resultando, hasta el momento, siete oficiales heridos. Sin embargo, posteriormente grupos criminales circularon información falsa con el fin de que los uniformados se retiraran del área, acotó.

Se trata de una estrategia deliberada para crear un vacío de autoridad estatal que permita al crimen organizado operar con total libertad en un territorio estratégico, remarcó.

El Gobierno aseguró que posee imágenes que demuestran la operación de los grupos ilegales altamente armados.

Reiteró que la presencia del Ejército de Guatemala es neutral y resguarda a ambas comunidades de los desmanes del crimen organizado. La presencia del Estado es protección, no represión, enfatizó.

Alertó a la población para que no atienda información falsa que está girando contra las fuerzas del Ejército de Guatemala.

La presencia militar en la zona resguarda el orden público ante la escalada de violencia, es preventiva y de protección, aseveró el Ejecutivo.

El retiro de las fuerzas de seguridad del Estado dejaría a estas comunidades completamente vulnerables ante estructuras criminales que buscan establecer control territorial, rutas de tráfico ilícito y economías ilegales que afectarían gravemente el tejido social de estas poblaciones indígenas, advirtió.

Ratificó que la administración del presidente Bernardo Arévalo está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y seguridad de las y los guatemaltecos.

El Estado está trabajando para protegerlos y evitar que el crimen organizado destruya el tejido social de sus comunidades. No vamos a abandonar a Sololá ante grupos criminales, respondió.

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