Mediante un comunicado, el Ejecutivo precisó en cuanto a que la Policía Nacional Civil (PNC) señaló al Ejército de atacar a pobladores o agentes de esa propia institución desde helicópteros que sobrevolaban el área en conflicto.
Con base a un texto de la cartera de Interior, negó que exista ninguna acción del Estado orientada a agredir a la población civil ni a las fuerzas de seguridad.
La versión que circuló causando confusión se origina en un informe del 13 último, que fueron obligados a redactar miembros de la PNC coaccionados, forzados, bajo amenazas, extrema violencia y riesgo inminente de muerte, describió.
Esa condición la impusieron grupos ilegales altamente armados, encapuchados y con chalecos antibalas, para liberar con vida a agentes de la Subestación 72-4 que se encontraban secuestrados en Nahualá, añadió.
Como parte de esa coacción, acotó, dichos grupos exigieron además retener una copia del informe, con la clara intención de difundirlo a la opinión pública y utilizarlo como instrumento de desinformación y estrategia criminal para generar impunidad.
Una vez que los agentes de la PNC fueron puestos a salvo y trasladados a otras comisarías, se procedió a la elaboración de un informe circunstanciado real, verificable y libre de cualquier tipo de coacción, afirmó.
Este confirma el ataque contra las fuerzas de seguridad y la presencia de un helicóptero de rescate, el cual fue atacado desde tierra, tal como consta en la evidencia presentada en conferencia de prensa del domingo anterior, enfatizó.
El informe oficial fue presentado ante el Ministerio Público, acompañado de siete denuncias interpuestas por los agentes que fueron retenidos como rehenes y utilizados como escudos humanos por grupos criminales, insitió en el texto.
La PNC reiteró que continuará acompañando todos los esfuerzos institucionales, comunitarios y de diálogo, orientados a mantener la paz, resguardar la convivencia pacífica y proteger a las poblaciones respectivas.
Los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, históricamente enfrentados por un conflicto limítrofe, en esta ocasión fueron usados como fachada por grupos ilegales armados, según el Gobierno de Guatemala.
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