En la audiencia de este lunes, el juez del caso Jovanny Suárez, expuso que la Fiscalía demostró el cometimiento del delito de desaparición forzada en grado de autores directos contra 16 de los 17 efectivos acusados, pero no demostró la responsabilidad del teniente coronel Juan Francisco I. M., imputado como presunto cómplice.

Como resultado, el tribunal impuso penas de 30 meses de privación de libertad, para cinco uniformados que colaboraron con información, mientras que para el resto de los sentenciados dictó una pena de 34 años y 8 meses de prisión, como solicitó la Fiscalía.

Además, se ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (376 mil dólares) y una reparación integral que incluye el pago de 10 mil dólares por cada procesado a favor de cada una de las víctimas o sus familiares

Como medidas de reparación, satisfacción y no repetición, la justicia ordenó ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación nacional, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, y la colocación de una placa con los nombres de las víctimas.

El tribunal dispuso también la implementación de capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, enfocadas en intervenciones con civiles, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

El 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvo en la ciudad de Guayaquil a Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), cuyos restos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, en la provincia de Guayas.

El magistrado Suárez afirmó que la prueba testimonial, pericial y el reconocimiento del lugar de los hechos demostraron que la patrulla actuó con unidad de acción en la interceptación, aprehensión, custodia y traslado de los cuatro menores.

Según el magistrado, ninguno de los integrantes se desvinculó de la acción ilícita, por el contrario, la superioridad numérica y el porte de armas oficiales constituyeron medios intimidatorios que aseguraron la indefensión de las víctimas y facilitaron su desaparición y muerte.

Además, refirió que los militares alinearon sus versiones para “ocultar la verdad” y añadió que dejarlos abandonados en un lugar peligroso y desolado “fue la causa de la muerte”.

En las afueras del Complejo Judicial del Albán Borja, en Guayaquil, se congregaron ciudadanos a la espera de una sentencia de “cero impunidad”, mientras los padres de los jóvenes entraron a la sala de la audiencia junto con los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Este hecho, que conmocionó al país, ocurrió en un contexto de militarización en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, quien indicó a las Fuerzas Armadas sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.

La coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ingrid García, aseguró que a un año del crimen no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información.

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