La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información pública vinculada al envío de lingotes de oro al exterior, a lo que se negaba la institución.

Incluso, el BCRA bajo la presidencia de Santiago Bauseli, uno de los ejecutivos del JP Morgan en la administración Milei y muy cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, rehusó a brindar informar a la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano del Congreso, sobre el monto y el destino del oro argentino enviado al exterior.

Bausili hasta prohibió que se realizara el trabajo de auditoría sobre los lingotes de oro sacados del país en 2024.

En una respuesta que los peritos financieros consideran inaudita, ahora la dirección del BCRA dice que no hay forma de auditar la operatoria porque los contratos de colocación de los lingotes «no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”. La AGN ocupó sus vacantes y puede avanzar con la investigación, pese a las trabas del BCRA.

El planteo ante la justicia lo realizó la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, y también desde el gobierno bonaerense requirieron la información.

La Sala V en una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente la decisión de declarar la “reserva total” de la información requerida y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación.

El tribunal concluyó que la respuesta del Banco Central se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no permitió verificar si la restricción al acceso a la información era legítima.

En ese sentido, afirmó que “la forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”.

Como reportó el periódico Ámbito Financiero, la autoridad monetaria también se rehusó a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) el destino de los lingotes.

La causa se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban detalles sobre eventuales envíos de oro al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes administrativos, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, la autoridad del BCRA consiguió un amparo sobre el supuesto de que su divulgación podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la en lo Contencioso Administrativo Federal adoptó un criterio distinto. Según el veredicto, “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”, y recalcó que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

La Cámara también subrayó que la información reclamada se vincula con “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales, y recordó que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación.

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