En conferencia de prensa, el secretario general de Conusi, Marco Andrade, precisó que funcionarios del Ministerio Público, acompañados de fuerzas policiales, allanaron la sede de la organización supuestamente como parte de una investigación de la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada.

Es decir, refutó, que ahora los dirigentes sindicales somos delincuentes, cuando en realidad se trata de una maniobra del Ejecutivo para silenciar voces discordantes de sus políticas antipopulares.

Al respecto, Andrade mencionó una reciente reunión de la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, con el embajador de Estados Unidos Unidos en Panamá, Kevin Marino.

También recordó que en enero o febrero del próximo año la administración de José Raúl Mulino, pretende retomar el tema de la mina de cobre de Donoso ( Colón ) para reabrir ese enclave a pesar del rechazo generalizado a la minería metálica a cielo abierto, expresado a finales de 2023.

El líder sindical agregó que también un fallo de la Corte Suprema de Justicia hace dos años declaró inconstitucional un contrato suscrito por el Estado con la trasnacional canadiense First Quantum, a lo que se suma los daños ambientales de esa instalación.

La persecución contra Conusi ahora, dijo, se suma a acciones anteriores contra los educadores, los obreros de la construcción, cuya nueva directiva sospechosamente desconocen, o los trabajadores del sector bananero en Bocas del Toro que se opusieron a la Ley 462 de la Caja del Seguro Social.

“No nos van a amedrentar con todo ese entramado de presiones”, subrayó Andrade que instó a la población y otras agrupaciones sindicales y populares a hacer fuerza común contra la dictadura de Mulino y unirse en un mismo haz para defender los derechos de los trabajadores y sus familiares.

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