La medida, tomada tras el hundimiento en la Comisión Cuarta del Senado de una ley de financiamiento impulsada por el aparato gubernamental para aplicar una reforma tributaria, busca hacerle frente al déficit fiscal del presupuesto aprobado para el próximo año que está desfinanciado en esa misma cuantía.

La declaratoria permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para conjurar la situación durante un periodo de 30 días calendario, así como a establecer nuevos tributos o modificar los existentes, según lo establecido por el artículo 215 de la Constitución Política.

Según detalló una comunicación de la Presidencia, el Decreto 1390, que lleva la firma de todos los ministros y del jefe de Estado, lo faculta para adoptar “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo».

Expuso que los motivos que condujeron al gobierno a aplicar la medida están basados en “la situación grave e inminente que enfrenta la nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales” y también en “una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles”.

Recordó la Presidencia que la pasada semana el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, anunció la necesidad de decretar la emergencia al manifestar, entre otras razones, que “los ingresos tributarios no crecieron al ritmo que se habían planteado”.

A esta situación se sumó el naufragio de la ley de financiamiento en el legislativo, la entrada en vigencia Ley de Garantías Electorales que restringe la contratación pública, y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026, acotó la comunicación.

Añadió además que en los próximos días el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciará las primeras medidas que se adoptarán por cuenta de la Emergencia Económica y Social a través de decretos reglamentarios.

El decreto, no obstante, pasará ahora a revisión de la Corte Constitucional según las normas instituidas en el país.

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