El magistrado negó este domingo el pedido de habeas corpus planteado por la defensa de Glas, que argumentó la falta de atención adecuada al exfuncionario, que padece 18 enfermedades.

Valverde concluyó que no hay vulneración de los derechos a la salud ni a la integridad personal de Glas y consideró improcedente la demanda presentada por la defensa.

“Negaron el habeas corpus correctivo. Siempre lo supimos”, manifestó la abogada Sonia Vera, parte del equipo jurídico del exvicemandatario, que apuesta por “agotar todo lo agotable, para que luego no digan que faltó nada y para que quede un acervo probatorio fuerte ante los organismos internacionales”.

Durante la audiencia judicial sobre el habeas corpus el abogado Fausto Lara, en representación del Ministerio de Salud Pública, informó que el recluso recibió 527 atenciones médicas desde abril de 2024 hasta la fecha.

Sin embargo, el médico privado Edison Barreto, quien examinó al exvicegoberante el 19 de diciembre pasado, indicó que a sus 56 años padece 18 enfermedades, advirtió sobre un riesgo suicida permanente y dijo que sus órganos reflejan un envejecimiento biológico acelerado.

Barreto, que forma parte del comité de especialistas ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para vigilar la salud de Glas, agregó que el esquema de medicación actual es “inadmisible” y podría generar hepatotoxicidad e incluso aumentarían el deseo de suicidio del paciente.

“De nada vale tener 500 atenciones si el paciente, en lugar de mejorar, empeora”, dijo.

El análisis del habeas corpus comenzó este viernes y el exvicemandatario compareció vía telemática desde la Cárcel del Encuentro, desde donde afirmó que su traslado a esa prisión, aún en construcción, obedeció a un “show mediático-político” con tratos degradantes, que han desmejorando su salud.

“Hay que destruir la falacia de las atenciones médicas, que solamente consisten en venir a tomar la presión y medir el oxímetro en la sangre”, agregó el exfuncionario.

Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su defensa informó que cumplió las condenas impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, sin embargo, continúa detenido por el proceso denominado Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia escrita de primera instancia fue notificada seis meses después y eso vulneró garantías del debido proceso.

El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024.

Ese día, policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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