La ley “One Big Beautiful Bill Act” (Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley), promovida por Trump, obliga a partir de este jueves a pagar el impuesto que se cobrará a las transferencias de ayudas para cualquier remitente que proporcione efectivo, un giro postal, un cheque de caja o cualquier instrumento físico.
La normativa que inicialmente preveía un gravamen del cinco por ciento forma parte de un megaproyecto fiscal del gobierno de Trump que contempla, entre otras cosas, un refuerzo al financiamiento de la defensa y la seguridad fronteriza, así como recortes a proyectos sociales a los que usualmente accedían los migrantes.
La ley estableció que las empresas remesadoras cobren el impuesto y lo transfieran trimestralmente al gobierno estadounidense. Si el impuesto no se cobra al momento de enviar la remesa, será pagado por el proveedor de la transferencia.
Las remesas representan la mayor fuente de ingreso de divisas para El Salvador y sobre la base de un estimado de 10 mil millones de dólares, cifra aproximada que llegaría en 2025, el país dejaría de recibir 100 millones de dólares.
Desde Estados Unidos los inmigrantes enviaron ayudas a familiares por cerca de nueve mil 021.7 millones de dólares de enero a octubre, al menos mil 374.7 millones adicionales frente a igual período de 2024, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Cualquier afectación a estas ayudas familiares tiene un importante impacto en la población, pues según cifras oficiales cerca de 369 mil 617 salvadoreños tuvieron una mejora en su condición económica gracias a ellas.
Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) precisó el impacto de las remesas en países de la región, y en el caso de El Salvador, 116 mil 201 personas en pobreza extrema pasan a no pobres, mientras que 80 mil 262 salen de pobreza extrema a relativa y 173 mil 254 pasan de pobreza relativa a no pobres.
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