La sesión, que comenzó con casi dos horas de retraso, estuvo marcada por acusaciones cruzadas, reclamos por falta de respuestas y cuestionamientos desde distintas bancadas legislativas.
Desde la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, la asambleísta Viviana Veloz calificó la comparecencia de Godoy como un “sainete armado por el oficialismo” y sostuvo que existió una coordinación política para mantenerlo en el cargo, pese a las acusaciones de interferencias en la justicia.
Veloz denunció que Godoy lanzó advertencias sobre allanamientos y actos urgentes contra legisladores de la RC, lo que, a su criterio, constituye una amenaza directa durante el control político.
Señaló que la bancada responsabiliza al presidente Daniel Noboa, a Godoy y al fiscal encargado de cualquier hecho que pueda ocurrir contra sus miembros.
La legisladora afirmó que Godoy no aclaró asuntos clave vinculados a presuntas defensas de líderes criminales, supuestas dilaciones judiciales que afectarían la seguridad del Estado y presiones atribuidas a exfuncionarios de la Judicatura.
Desde otra orilla política, el asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, coincidió en que la comparecencia “dejó más dudas que respuestas” y cuestionó que no se haya abierto un debate posterior en el pleno.
Vera anunció que respaldará un eventual juicio político, proceso que ya solicitó la RC contra Godoy.
El funcionario, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que enfrenta una ofensiva política para desacreditar su gestión.
El titular de la Judicatura, organismo que en Ecuador se encarga de la administración y disciplina del poder judicial, acusó al correísmo y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de estar detrás del escándalo por supuestas presiones a un juez anticorrupción en un caso de lavado de activos y narcotráfico.
“Aquí no hay conflicto de intereses del presidente de la Judicatura, lo que hay es un interés de ciertos grupos políticos en tomarse la justicia para repartir impunidad”, declaró Godoy.
La comparecencia se produjo tras denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre amenazas y presiones relacionadas con un caso que derivó en la condena de 10 años de prisión contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
oda/avr
