El mes pasado se supo que un tribunal internacional condenó al país sudamericano a pagar 220 millones de dólares a la compañía de crudo.

En entrevista con la televisora Ecuavisa, Larrea señaló que la Procuraduría ingresó una solicitud de corrección del valor, aun cuando fue inferior a los tres mil 350 millones de dólares que reclamaba la transnacional.

Pese a la solicitud de rebaja del monto, el procurador afirmó que «este laudo es ejecutable y definitivo».

Para los afectados, esta reducción no atenúa la gravedad del precedente: Ecuador pagaría a una empresa que, según afirman, causó un crimen ambiental aún no reparado.

El conflicto se remonta a operaciones de Texaco -empresa luego absorbida por Chevron- entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.

Según datos presentados por la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), la petrolera vertió miles de millones de galones de desechos tóxicos en ríos y suelos y dejó cientos de fosas de crudo sin remediación, afectando la salud y la economía de miles de habitantes.

En 2011, un tribunal en Lago Agrio condenó a Chevron a pagar nueve mil 500 millones de dólares en reparación ambiental.

La transnacional rechazó la decisión, denunció fraude en el proceso y acudió al arbitraje internacional.

En 2018, un tribunal de La Haya falló a favor de la compañía de crudo y responsabilizó al Estado ecuatoriano por “denegación de justicia”, ordenándole pagar una indemnización.

La Udapt, por su parte, busca embargar los 220 millones de dólares que Ecuador tendría que pagar a Chevron y destinar esos fondos a la reparación ambiental de la Amazonía.

En entrevista con Prensa Latina, el abogado del colectivo, Pablo Fajardo, afirmó que existen vías jurídicas para impedir que la millonaria suma termine en manos de la transnacional.

“Si Chevron le debe a las comunidades y el Estado le debe a Chevron, lo lógico es que ese dinero vaya a la Amazonía y no al bolsillo de la empresa”, sostuvo.

El jurista explicó que la Udapt ya presentó una acción de embargo del crédito ante la Corte de la provincia de Sucumbíos, en su calidad de juez de ejecución de la sentencia ambiental de 2011, para que ordene la retención de los 220 millones y que sean redirigidos a la reparación de los daños causados por la petrolera.

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